En 2021,  el Ministerio de Derechos Sociales aprobó un Plan de Choque con un incremento de la financiación estatal al Sistema de la Atención a la Dependencia de más de 600 millones anuales, para superar algunos de los problemas más graves de este sistema, como la reducción de las abultadas listas de espera, los tiempos tan largos en la resolución y la escasa cuantía o intensidad de sus prestaciones y servicios.

Como resultado, en los tres últimos años han aumentado en 287.636 las personas atendidas del SAAD y se han alcanzado un total de 1.567.107 personas con derecho a prestación al finalizar 2023. Sin embargo, según datos del XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS), "el incremento de financiación estatal acumulado entre 2020 y 2023, que asciende a 3.793 millones de euros, ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del sistema".

El plan marcaba como objetivo reducir, en 2021, el limbo de la dependencia hasta el 12,7%, Sin embargo, la entidad detalla que "no ha sido hasta dos años después cuando se ha logrado". Además, el informe de la ADGSS recoge que había 296.431 personas en la lista de espera de la dependencia al finalizar 2023. "Hay que resaltar que la reducción en el limbo se ha debido a un ajuste estadístico realizado por Catalunya en el mes de noviembre, donde “desaparecieron” del limbo 25.296 personas y la reducción mismo, al terminar 2023, ha sido de 21.008 personas".

Otro de los puntos que destaca el informe es que 40.447 personas fallecieron en 2023 esperando ser valoradas o atendidas y que la media de tramitación de un expediente de dependencia es de 324 días (97 días menos que en 2020). Aunque, aseguran, en cuatro comunidades se supera los 12 meses y solo cinco están por debajo de los seis meses que estable la ley.

"Los servicios de bajo coste y las escasas cuantías de las prestaciones económicas siguen siendo la tónica general del SAAD, sin que se perciba una mejora substancial a partir del importante incremento de financiación estatal, tal y como proponía como el plan", alegan desde la asociación.

El Plan de Choque establecía que fuera un derecho subjetivo de toda persona con Grado de dependencia reconocido que viviera en su domicilio, sin embargo solo el 35,8% de las personas con dependencia reconocida que viven en su domicilio tienen teleasistencia. 

La complejidad de los procedimientos desde que una persona solicita que se reconozca su situación de dependencia, que viene denunciando de manera sistemática esta entidad, "unido a la falta de voluntad política de algunos Gobiernos autonómicos, que han reducido su aportación económica “haciendo caja” con el incremento de financiación estatal que ha supuesto el Plan de Choque, pueden explicar estos resultados tan limitados".

Por último, la ADGSS destaca uno de los compromisos del Plan de Choque que el Gobierno sí ha cumplido, "al posibilitar que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de los Social, lo que evitará los elevados costes y complejos y prolongados procedimientos de reclamación que actualmente tenían que tramitarse y resolverse por la vía contencioso-administrativa".

Se mantienen, exponen, "las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión". Diez comunidades aprueban la escala este año y la media estatal baja a 4,94. Solo nueve comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con 8,3 puntos, encabezan esta clasificación. Catalunya y la Región de Murcia, ambas con 1,7 puntos, están a la cola.